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Pronunciamiento de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos Licenciada Raquel Caballero de Guevara, con motivo de la conmemoración del

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

 

En ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994 y que se conmemora el 9 de agosto de cada año, reconozco y felicito a los Pueblos Indígenas de El Salvador por su arduo trabajo a favor del reconocimiento y respeto de sus derechos humanos.

 

En el contexto de tan importante conmemoración, recuerdo el compromiso del Estado salvadoreño, de impulsar las medidas necesarias orientadas a evitar cualquier acto de discriminación hacia dichos pueblos, los que históricamente han sido invisibilizados y víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, tales como el genocidio-etnocidio de 1932 y la masacre de las hojas de 1983.

 

Además, reitero el compromiso que tiene el Estado salvadoreño, que al haber reconocido los derechos de los Pueblos Indígenas de El Salvador en el articulo 63 de la Constitución, adquirió la obligación de adoptar las medidas necesarias que contribuyan a desarrollar y conservar la identidad, cosmovisión, cultura, valores y espiritualidad de los pueblos indígenas, conforme a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

 

Reconozco de manera positiva, el esfuerzo realizado conjuntamente entre el Estado y los pueblos indígenas, que trajo como resultado el “Plan Nacional de Pueblos Indígenas”, instrumento que se convertirá en una herramienta de protección para dicha población y en un modelo de aplicación de carácter mundial.

En virtud de lo anterior, conforme al mandato constitucional que me facultan para velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, contenido en el artículo 194 romano I, ordinal 1° de la Constitución de la República, REITERO Y RECOMIENDO:

 

1. La convicción de velar por el respeto y garantía del derecho a la verdad, garantía de no repetición y de acceso a la justicia, así como, la obtención de la reparación integral a favor de las víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas de graves violaciones a derechos humanos e impulsar la investigación de hechos atroces como las masacres de 1932 y la de las hojas de 1983.

 

2. Insto al Señor Fiscal General de la República, a realizar una investigación acuciosa, diligente y efectiva de graves violaciones a los derechos humanos, de las que han sido víctimas los pueblos indígenas de El Salvador y que aún se encuentran en la impunidad.

 

3. Recomiendo al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, realizar las gestiones pertinentes y adoptar las medidas necesarias, para impulsar la pronta firma y ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes”. De esa forma continuar con el seguimiento del proceso de firma y ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, que data desde el año 2006, como una exigencia de la Mesa Permanente de la PDDH sobre derechos humanos de los Pueblos Indígenas y recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, así como recomendación del Examen Periódico Universal (EPU), emitida desde el año 2014.

 

4. Insto al Señor Presidente de la República, a agilizar, en la medida de lo posible, el lanzamiento oficial del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, (PANPI). Asimismo, el compromiso de verificar y dar seguimiento al cumplimiento, por parte de las autoridades involucradas, del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, esfuerzo iniciado desde el año 2014 en la Primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas celebrada en Nueva York, instrumento que servirá como herramienta para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos de estos pueblos conforme a su cosmovisión y formas de vida propia.

 

5. Asimismo, recomiendo al Ministro de Hacienda asignar recursos para financiar el Plan Nacional de Pueblos Indígenas y dotar los recursos necesarios para que el Fiscal General de la República realice las investigaciones de las atrocidades y genocidios perpetrados en contra de los Pueblos Indígenas.

 

San Salvador, 9 de agosto de 2017.